Despachos y oficinas judiciales de todo el país emprenden ejecución de Política de Integridad y Anticorrupción
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- Publicado: Martes, 21 Febrero 2023 14:38
- La Política Institucional fue aprobada por Corte Plena en noviembre de 2022.
La población judicial de todo el país asume el compromiso de implementar a partir de este año 2023, en su gestión judicial, las acciones y lineamientos que señala la “La Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica”.
El propósito fundamental de la política es definir acciones a corto, mediano y largo plazo, que deben ejecutarse a nivel de organización en el Poder Judicial para fortalecer una cultura de integridad y cumplimiento en todos los ámbitos institucionales, con cero tolerancias a la corrupción y fraude organizacional interno.
Para las autoridades del Poder Judicial, ésta se constituye en una herramienta esencialmente preventiva, que busca fortalecer las capacidades institucionales en la lucha contra la corrupción y el fraude organizacional interno.
La Política de Integridad y Anticorrupción involucra a toda la población judicial del país en sus tres ámbitos: Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia.
La responsabilidad de su ejecución demanda a cada oficina y despacho judicial, el compromiso de establecer acciones desde su quehacer diario, teniendo como norte y según corresponda, los 11 ejes de trabajo y las 71 acciones que comprenden el Plan de Acción de la política institucional.
Los 11 ejes de acción, corresponde a los temas de:
Ética y probidad aplicada a la gestión Judicial.
- Transparencia y rendición de cuentas para la prevención de la corrupción.
- Gobernanza judicial y liderazgo con integridad.
- Implementación del modelo de cumplimiento normativo del Poder Judicial.
- Desarrollo de un sistema de administración de riesgo de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.
- Estrategia de comunicación y formación para la cultura de cumplimiento normativo.
- Prevención de los conflictos de interés en el Poder Judicial.
- Gestión del recurso humano como componente orgánico para el aseguramiento de la ética pública.
- Supervisión, evaluación y mejora continua del mecanismo de control interno del Poder Judicial.
- Gestión de la relación público-privada.
- Medidas de reacción ante actos de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.
La aprobación de la política se dio mediante acuerdo de la Corte Plena, en sesión N° 59-2022 celebrada el 21 de noviembre de 2022, artículo XXIV.
